De acuerdo con el economista Federico Alves, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el mandatario Nicolás Maduro, la cual supuestamente está a la espera de la firma de la presidenta del tribunal, Joan Donoghue.
Las órdenes de arresto se anuncian cuando se emiten, no cuando se piden, como fue el caso de la reciente orden (18/03/2023) contra el presidente ruso, Vladimir Putin, comentó Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia.
Federico Alves, autor del tuit en cuestión, se refiere a un proceso interno dentro del la CPI que no es de conocimiento público. De todos modos, en el supuesto de que se haya hecho la solicitud, no debería proceder porque la investigación no ha concluido, actualmente, la CPI evalúa si reanudar o no la investigación "Venezuela I" por crímenes de lesa humanidad durante las masivas manifestaciones antigubernamentales de 2017.
En febrero de 2018, la CPI abrió una investigación preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades de Venezuela desde al menos abril de 2017. Tras una visita de tres días al país, el 3 de noviembre de 2021, el fiscal Karim Khan anunció públicamente frente al gobernante Nicolás Maduro que abriría una investigación contra el Estado venezolano por la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad.
En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación sobre Venezuela, tras una apelación del Estado venezolano. Khan concluyó que, luego de hacer una «evaluación objetiva e independiente» de información suministrada por Venezuela y otras fuentes, el aplazamiento que pidió la administración de Nicolás Maduro sobre estas pesquisas no se justifica y, por ende, se debe reanudar la investigación.
La Sala emitió una orden en la que invitaba a las víctimas y sus representantes a presentar sus opiniones y observaciones sobre la solicitud de la Fiscalía hasta el 7 de marzo de 2023. La Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones informó que recibió más de 2.000 formularios y videos con las opiniones y observaciones de las víctimas.
Debido al gran volumen de información que se ha recibido, la Sala le autorizó a la Sección una prórroga hasta el 20 de abril del 2023 para analizar y transmitir los formularios y videos junto al informe final consolidado. Los artículos 18 y 19 del Estatuto de Roma confieren a las autoridades venezolanas el derecho a apelar. Por lo tanto, es probable que la Fiscalía solicite presentar informes adicionales y eso alargue la autorización para continuar con la investigación.
Por los momentos, el mandatario venezolano no tiene a su nombre orden alguna de captura internacional ni una condena firme por parte de tribunales locales o extranjeros que demanden su arresto dentro o fuera de Venezuela.
